Llama la atención que hasta la fecha, rumbo al bicentenario, no tengamos vigente una ley del libro, cuando se trata de poner los medios para promover el acceso a la cultura a todos los ciudadanos.
Por Carlos Hakansson. 17 septiembre, 2019.
A pocos días de vencerse las exoneraciones tributarias al libro, así como también el debate pendiente sobre la ley de la materia, viene a mi memoria una anécdota que deseo compartir en esta columna. Con motivo de mi primer viaje a México, luego de culminar con mis labores docentes, aproveché en darme un paseo por el centro histórico y, además de apreciar la belleza de la ciudad y su riqueza cultural, me detuve en la conocida librería de la Editora Porrúa para ver las novedades literarias. Para mi sorpresa, con el dinero que había presupuestado gastar durante mi estancia, me di cuenta que podía comprar tres libros cuando en el Perú, con el mismo valor monetario, tan sólo podría comprar un solo título.
De regreso en Piura, le escribí a un Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), con múltiples viajes a México en su trayectoria académica, para contarle la experiencia del viaje y, entre las impresiones que compartimos, añadí la anécdota en Porrúa, no demorando en contarme que, a consecuencia de la Revolución mexicana y el reconocimiento de los primeros derechos sociales en su centenaria Constitución (1917), como el trabajo, la jornada de ocho horas, el derecho a sindicarse y de huelga, una de las políticas públicas para implementar el derecho a la educación fue poner los libros al alcance económico del ciudadano.
La educación es un derecho social también reconocido por nuestra Constitución, pero llama la atención que hasta la fecha, rumbo al bicentenario, no tengamos vigente una ley del libro, con disposiciones similares, cuando se trata de poner los medios para promover el acceso a la cultura a todos los ciudadanos. De lo que se trata, es que comprendamos que los derechos sociales, como la educación, la salud y el trabajo, requieren un conjunto de políticas públicas para realizarlos y que no se queden en la letra de la Constitución.
